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Sol, playa y… sanidad gratis. Muchas agencias de turismo europeas incluyen como reclamo la "gratuidad" del sistema sanitario español y la posibilidad de adquirir productos farmacéuticos a precio de ganga.
No hay cifras oficiales del fenómeno, pero la creciente movilidad de los ciudadanos europeos y la precariedad sanitaria de algunos de los países de más reciente incorporación ha hecho que aumente ostensiblemente el número de atenciones sanitarias a extranjeros en toda Europa, pero sobre todo en nuestro país, donde viven 2,5 millones de residentes extranjeros comunitarios.
Europa se jubila en España
En el caso de España, el fenómeno del "turismo sanitario" se asocia a una media anual de 400.000 jubilados europeos que han fijado su residencia en España, atraídos no sólo por su sol y sus playas sino por su atención sanitaria. Esto sin contar a los que "casualmente" se ponen enfermos durante su periodo vacacional y los que realmente tienen un problema de salud durante su viaje.
Sólo en la Costa del Sol, la atención a extranjeros le supone a la sanidad pública andaluza una factura de unos doce millones de euros al año. En el total andaluz, el importe se elevó en 2009 a 28 millones de euros.
¿Mito o realidad?
Sin embargo, para el ministerio de Sanidad, "también hay mucho de mito en todo esto" y clarifica que el caso de la Costa del Sol es algo excepcional. De hecho el saldo económico por atender a extranjeros en territorio español es positivo, ya que se recibe 2.800 euros por paciente al año y el gasto medio por español es de 1.800.
Descompensación en los reembolsos
Para la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, "a España le interesa tanto controlar quién entra en su sistema de salud como quién sale de él para buscar asistencia médica en otro país de la UE y luego solicitar el reembolso de los gastos", ya que la descompensación se produce desde el momento que el sistema sanitario español ofrece cobertura universal y gratuita, mientras que el resto de los países de la UE el paciente asume parte de los gastos.
Se aprueba la propuesta española
El pasado 8 de junio, los ministros de Salud de la Unión Europea, reunidos en el Consejo europeo de empleo, política social, sanidad y consumidores (EPSSCO) en Luxemburgo, dieron el visto bueno a la propuesta española de "Directiva de asistencia sanitaria transfronteriza", el país más afectado por este tipo de turismo y perjudicado por la legislación comunitaria vigente.
Evitar los abusos
Tras cuatro años de negociaciones, el compromiso alcanzado en el Consejo de Ministros de Sanidad corrige el proyecto presentado inicialmente por la Comisión Europea, que fomentaba la sanidad privada. El acuerdo promovido por España establece una serie de controles para evitar que la sanidad pública acabe pagando tratamientos médicos privados indiscriminados en otros países.
España se ahorrará 2.000 millones
La aplicación de esta Directiva evitará el sobrecoste de unos 2.000 millones de euros anuales en las cuentas públicas españolas que habría provocado el proyecto presentado inicialmente la Comisión Europea y que fue rechazado por la representación española.
Lo que dice la nueva Directiva
Derechos y competencias
La Directiva respeta las competencias de los estados para organizar su sistema público de salud y regula los derechos de los pacientes para buscar un tratamiento sanitario en otros países de la Unión Europea. Por otra parte, amplía la base jurídica legal para que no se limite al ámbito del mercado interior, sino también a la salud pública.
Reembolso
El reembolso de los costes de la atención recibida en el extranjero queda limitado al importe máximo equivalente al que habría dedicado el sistema sanitario de su propio país, y no excederá en ningún caso el coste real del tratamiento. El gasto será reembolsado por el Estado donde haya cotizado el paciente, siempre y cuando la asistencia sanitaria recibida en el extranjero figure entre las prestaciones a las que tiene derecho esa persona en la sanidad pública de su país.
Los Estados se guardan las espaldas
El reembolso de los gastos de asistencia en el extranjero podrá limitarse o suspenderse en el caso de razones imperiosas de interés general. Uno de los argumentos para adoptar esta medida sería que dicho pago pudiera socavar gravemente el equilibrio financiero de un sistema de seguridad social o bien el mantenimiento de un servicio hospitalario abierto a toda la población. Una fórmula para que los Estados guarden sus espaldas en caso de crisis.
Autorización previa
La UE faculta a los Estados a exigir una autorización previa a un ciudadano para recibir un tratamiento en el extranjero, salvo en el caso de que sea una consulta médica que no requiera hospitalización ni uso de tecnología sofisticada ni tampoco de tratamientos experimentales. Por tanto, se podrá establecer autorización previa si:
- El paciente tiene que pernoctar en un hospital.
- Si la asistencia sanitaria que va a recibir exige el uso de infraestructuras o equipos médicos especializados y costosos.
- Si la asistencia sanitaria prevista puede entrañar un riesgo particular para el paciente o la población.
Residentes extranjeros
Cuando un residente extranjero quiera someterse a una intervención médica en su país de origen, será ese Estado y no el de residencia el que asuma el coste del tratamiento, al revés de lo previsto en el proyecto inicial de la Unión Europea.
Sanidad Privada
De cara a garantizar la seguridad de los pacientes, la directiva también establece que los proveedores de servicios sanitarios (en especial los privados no contratados o concertados con los servicios públicos de salud) deberán cumplir los requisitos de calidad y seguridad que establezcan los Estados Miembros que prestan la asistencia en el país donde el paciente reciba tratamiento.
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