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Se calcula que Muface cuesta al Estado entre 60 y 70 millones de euros al año. De ahí que su futuro esté amenazado. No está claro que el PSOE, con unas elecciones próximas, ni el PP, con la posibilidad de ganarlas, quieran afrontar la impopularidad que podría suponerles acabar con la mutualidad. Pero las empresas que prestan servicios a Muface empiezan a ver inviable el sistema.
Groupama, Aegón, Sanitas, Caser, Mapfre y Nueva Equitativa ya han decidido no seguir atendiendo a los usuarios de Muface. Argumentan, por un lado, un gran incremento en los costes del servicio y, por otro, el retraso sistemático por parte de la Administración en abonar lo que les deben. Las aseguradoras de salud que todavía están dando cobertura a los beneficiarios de Muface reclaman a la Administración que aumente el importe de las primas en un 20%, mientras que el Estado ha ofrecido un 2%.
Una difícil solución
El problema es complejo, porque la desaparición de estas mutualidades implicaría para el Sistema Nacional de Salud un incremento notable de sus costes en un momento de recortes presupuestarios. Eso unido a la saturación de los servicios públicos. Pero es evidente que el actual modelo de Muface resulta inviable en medio de la crisis actual.
El sistema Muface
Muface es una mutualidad que presta asistencia sanitaria privada a los funcionarios de la Administración civil del Estado. Se trata de un sistema de prestación pública ejecutado por proveedores privados. El beneficiario tiene la libertad de elegir la entidad y el facultativo que prefiera entre un cuadro determinado, y también puede cambiar de compañía entre las que figuran como concertadas. Le queda, también, la posibilidad de acudir al sistema público cuando quiera.
Aproximadamente 1,2 millones de funcionarios civiles y sus familiares pueden elegir entre la red sanitaria pública y la privada de Muface. El 85% de los funcionarios prefieren Muface, puesto que además de estar asistidos por la red privada, tienen otros beneficios como seguro dental para algunas intervenciones, óptica o audífonos, que no cubre la Seguridad Social, y diversas pensiones por jubilación, viudedad, orfandad, invalidez y enfermedad, entre otras.
Por un lado, este modelo asistencial de gestión mixta pública y privada debería suponer un ahorro y beneficios para todos, pero el sobrecoste anual para las arcas públicas se cifra entre 60 y 70 millones de euros y se suponen unas tasas de fraude del 40%.
Un privilegio antiguo
Este régimen de protección se creó de acuerdo con la Ley 29/1975. Actualmente, Muface proporciona asistencia sanitaria subvencionada por el Estado mediante conciertos con Adeslas, Asisa, DKV Seguros Reunidos e Igualatorio Médico-Quirúrgico. El año pasado Caser, Mapfre y Nueva Equitativa decidieron abandonar; ya anteriormente Groupama, Aegón y Sanitas habían dicho no.
Los funcionarios también pagan
Los mutualistas pagan en torno a los 50 euros mensuales por este seguro privado y el resto lo pone el Estado. La aportación estatal se ha reducido en más de 10 puntos, ya que ha pasado del 76% al 62,5%. Pero Muface recibe además 207 millones de euros para prestaciones no sanitarias, como la cobertura de la incapacidad temporal y atención a personas mayores, por lo que el progresivo envejecimiento de la población incrementa cada día el coste de esta partida.
Envejecimiento
Las compañías aseguradoras concertadas hablan de que los costes se han disparado por el envejecimiento de la población y que, para colmo, hay un gran retraso en la devolución de los pagos por parte de la Administración.
El usuario nota un recorte progresivo de los cuadros médicos, menos hospitales y ve cómo en su asistencia privada también empiezan a aparecer las listas de espera. El Gobierno dice que Muface no desaparecerá, pero las compañías van abandonando el barco y los usuarios ven las orejas al lobo.
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